Iniciativa derechos políticos de las personas con discapacidad
Iniciativa Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad
La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2006, y que entró en vigor en México el 3 de Mayo de 2008, ha venido a ratificar la idea según la cual las personas con discapacidad no son meros objetos de asistencia o de protección social, sino sujetos titulares de derechos fundamentales, con capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Desde esta nueva perspectiva la discapacidad se convierte en cuestión de dignidad y de derechos humanos.
Con relación a los derechos de participación en la vida política y pública, la citada Convención refiere su art.29 que los Estados Parte garantizarán y posibilitarán a las personas con discapacidad su ejercicio en igualdad de condiciones que con las demás personas. Para lograr este objetivo los poderes públicos deberán asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública, directamente o través de representantes libremente elegidos, mediante el derecho a votar y a ser elegidas. La consecución de estos fines conlleva a que los Estados procuren que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; que protejan el derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación y el derecho a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda y, por último que preserven la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar.
Por otro lado la Convención insta a los Estados Parte a promover un entorno en el que las personas con discapacidad pueden intervenir en la dirección de asuntos públicos sin discriminación y en igualdad de condiciones. Igualmente se fomenta su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país.
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