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Grupos de atención

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos es un Organismo Público con autonomía de gestión y de presupuesto, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio y cuyo objeto y razón de ser, lo constituye la observancia, promoción, estudio, divulgación y protección de los Derechos Humanos, así como la consolidación de una cultura de reconocimiento y respeto a los Derechos Humanos y fundamentales contenidos en el orden jurídico mexicano; en las garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellos contenidos en instrumentos jurídicos internacionales que habiendo sido suscritos y ratificados por el Estado Mexicano son reconocidos y asegurados en los términos del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como la recepción de quejas y emisión de recomendaciones derivadas de las violaciones a los mencionados derechos.

La Comisión protege dentro de su territorio los Derechos Humanos de toda persona mexicana o extranjera que se encuentre en el interior de la entidad Federativa y conoce de aquellas quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos esenciales, cuando estas son imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y/o municipales, salvo lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, existen grupos o sectores de la población que por su condición física o social, edad, sexo, género, estado civil u origen étnico entre otros, se encuentran en condición de riesgo o desventaja y que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar, ocupando así, dentro de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, un especial cuidado y atención prioritaria, en los procesos de atención a dicha vulnerabilidad social. Entre los que se encuentran:

Personas en el sistema penitenciario

El análisis e investigación de las quejas e inconformidades sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, es atendido por la Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios, a quien le corresponde conocer, este ámbito.

Esta Visitaduría Especializada, se encarga de la atención de quejas e inconformidades en Materia Penitenciaria, en donde se atienden hechos violatorios a los Derechos Humanos en los centros penitenciarios del Estado de Morelos, así como en instituciones de internamiento para menores de edad que infringen la ley penal, a través de las actividades necesarias como la orientación, remisión, conciliación y Recomendación en su caso. examinado también, las condiciones de dicho sistema penitenciario, a través de evaluaciones de dichos centros de reclusión, en los que se verifican, con respeto, apego y observancia a los Derechos Humanos, las condiciones de estancia e internamiento de las personas internadas.

 

En dicho sentido, la CDH Morelos toma como punto de partida para su encomienda, lo contemplado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, mismo que regula el Sistema Penitenciario del país y que establece de manera puntual que: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.”

Personas que viven con VIH o Sida

Como es bien sabido, la protección de la salud y la no discriminación son Derechos Humanos, las personas con VIH deben gozar en igualdad de circunstancias tales derechos, así como todos aquellos previstos en nuestro orden jurídico actual, de tal manera que, la respuesta al sida por parte de la sociedad en su conjunto, sólo será exitosa si se colocan los Derechos Humanos en el corazón de la misma.

 

Vivir con VIH, además de aspectos físicos, tiene un aspecto social relacionado con la desigualdad, la discriminación, el estigma y la marginación que, por tanto, además de intervención desde el ámbito de la salud pública, requiere de una respuesta con enfoque de Derechos Humanos.

 

Así, la finalidad es combatir las prácticas discriminatorias y otras formas de violaciones a los Derechos Humanos hacia las personas con el VIH. La condición de salud de las personas no tiene que ser motivo de estigma y el derecho a la protección de la salud y a la no discriminación son derechos indispensables para que las personas puedan vivir y desarrollar sus capacidades humanas, a efecto de lograr la consolidación de una cultura del respeto a sus derechos humanos.

El análisis e investigación de las quejas e inconformidades sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, es atendido por la Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios, a quien le corresponde conocer, este ámbito.

Esta Visitaduría Especializada, se encarga de la atención de quejas e inconformidades en Materia Penitenciaria, en donde se atienden hechos violatorios a los Derechos Humanos en los centros penitenciarios del Estado de Morelos, así como en instituciones de internamiento para menores de edad que infringen la ley penal, a través de las actividades necesarias como la orientación, remisión, conciliación y Recomendación en su caso. examinado también, las condiciones de dicho sistema penitenciario, a través de evaluaciones de dichos centros de reclusión, en los que se verifican, con respeto, apego y observancia a los Derechos Humanos, las condiciones de estancia e internamiento de las personas internadas.

 

En dicho sentido, la CDH Morelos toma como punto de partida para su encomienda, lo contemplado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, mismo que regula el Sistema Penitenciario del país y que establece de manera puntual que: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.”

Como es bien sabido, la protección de la salud y la no discriminación son Derechos Humanos, las personas con VIH deben gozar en igualdad de circunstancias tales derechos, así como todos aquellos previstos en nuestro orden jurídico actual, de tal manera que, la respuesta al sida por parte de la sociedad en su conjunto, sólo será exitosa si se colocan los Derechos Humanos en el corazón de la misma.

 

Vivir con VIH, además de aspectos físicos, tiene un aspecto social relacionado con la desigualdad, la discriminación, el estigma y la marginación que, por tanto, además de intervención desde el ámbito de la salud pública, requiere de una respuesta con enfoque de Derechos Humanos.

 

Así, la finalidad es combatir las prácticas discriminatorias y otras formas de violaciones a los Derechos Humanos hacia las personas con el VIH. La condición de salud de las personas no tiene que ser motivo de estigma y el derecho a la protección de la salud y a la no discriminación son derechos indispensables para que las personas puedan vivir y desarrollar sus capacidades humanas, a efecto de lograr la consolidación de una cultura del respeto a sus derechos humanos.

Contribuir a la efectiva vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de tres ejes principales: promoción, protección y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad llevando a cabo actividades de toma de conciencia, orientación y asesoramiento jurídico a las y los servidores públicos, personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y a sus familias.

 

Tomando en cuenta la atención a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, se trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y con dependencias de los tres órdenes gubernamentales, a través de promoción, difusión, orientación y acompañamiento en caso de presunta vulneración a los Derechos Humanos; así como la realización de investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión.

En Mexico, como a nivel internacional, las niñas, niños y adolescentes forman parte de un grupo que, al estar en proceso de formación y desarrollo, mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas, lo que implica una frecuente violación de sus Derechos Humanos, aunado a esto, la situación se agrava cuando los padres y madres viven en condiciones de marginación y pobreza, pues adquieren responsabilidades ajenas a ellos, renunciando a medios y recursos que son imprescindibles para aumentar sus oportunidades futuras, como lo es la educación.

La violencia intrafamiliar y la falta de conocimiento, entre otras circunstancias, impiden a la niñez el pleno goce de sus derechos, lo que facilita que éstos sean repetidamente vulnerados. La discriminación es estructural.

Sin embargo, la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, parece constituir en el mediano plazo un poderoso referente para la protección de los derechos de las personas entre ellos los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 

Conforme a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los principios rectores para la protección de sus derechos lo son:

El interés superior de la infancia

El de la no discriminación por ninguna razón o circunstancia

El de igualdad sin distinción

El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo

El tener una vida libre de violencia

El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad

El de la tutela plena e igualitaria de los Derechos Humanos y de las Garantías Constitucionales

Atendiendo estos principios, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes.

La insuficiencia de ingresos y la falta de protección social, hacia los adultos mayores, según la mayoría de las investigaciones desarrolladas en nuestro país, en torno a la relación entre adultos mayores y su vulnerabilidad o necesidad de atención prioritaria, concluyen en que los adultos mayores son categóricamente vulnerables o presentan alta vulnerabilidad, cuyos efectos se ven reflejados en el aceleramiento del deterioro natural, la baja calidad de vida y una mayor dependencia de terceros. Siendo importante  determinar bajo qué condiciones y ante qué circunstancias es dicho sector vulnerable.

 

Las precarias situaciones laborales y de seguridad social, que la estadística refleja, están bien relacionadas con el uso político de las condiciones de bienestar, sobre todo al limitar intencionalmente el acceso a la administración de justicia, que reduce las posibilidades de acceder a servicios tan básicos como lo son la seguridad alimentaria, servicios de salud, educación, trabajo decente y seguridad social, que hace de las personas carentes de estos servicios blanco fácil de explotación. Los datos estadísticos se presentan también como razones suficientes para suponer que la pobreza es causa manifiesta de la vulnerabilidad entre los adultos mayores

Las mujeres a través del tiempo se han caracterizado, por ser un grupo en situación de vulnerabilidad marcado por la violencia y la discriminación sistematizada y la segregación social.

 

En México, el derecho de todo ser humano a acceder, con justicia e imparcialidad, al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, con la finalidad de lograr la participación equitativa entre hombres y mujeres en la toma de decisiones, en todos los ámbitos de la vida: social, económico, político y cultural, busca la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, a la no discriminación y a la no violencia contra las mujeres por razones de género.

 

La CDH Morelos, en la promoción de este derecho, busca impulsar acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, identificando, monitoreando y dando seguimiento a los instrumentos normativos y mecanismos previstos en la legislación en materia de violencia contra las mujeres, para dar cumplimiento y promoción en materia de Derechos Humanos que consideren los temas focalizados en asuntos de la Mujer.

 

Así, la obligación inmediata en el Estado, de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, sancionar y erradicar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las mujeres, es deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales.

 

Acciones como la implementación de la alerta de violencia de genero contra las mujeres (AVGM), mecanismo de protección a los Derechos Humanos de las mujeres único en el mundo y que se encuentra establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se encuentra declarada en ocho municipios el Estado de Morelos (Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec) desde el 10 de Agosto del año 2015, obligan a la CDH Morelos a exigir a las autoridades velar por la garantía de la seguridad de mujeres y niñas, por el cese a la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus Derechos Humanos y sufren de extrema violencia, por el solo hecho de ser mujeres.

Nuestro país, al contar con varias decenas de etnias autóctonas, es poseedor de una gran riqueza cultural y étnica recientemente reconocida mundialmente, siendo marginados en su grupo de derechos sociales, así como del desarrollo económico, político, social y cultural, desconociéndose las manifestaciones propias de sus culturas.

 

Nuestro orden constitucional en su artículo 2°, reconoce sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales, teniendo así, un marco general para el desarrollo de representación de las comunidades indígenas, como el hecho de que en los municipios con población indígena, estos tendrán derecho a nombrar representantes ante los ayuntamientos; estableciéndose el impulso de su representación y participación en la adopción de políticas públicas, en específico las de impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas.

 

Así pues, los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por ello, es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad.

 

La Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992) establece que los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad, entre ellas disfrutar su propia cultura; profesar y practicar su propia religión, y utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin injerencias ni discriminación de ningún tipo.

La divulgación efectuada por parte de las personas dedicadas al periodismo, así como la promoción realizada por el activismo, son acciones fundamentales en el fomento a los Derechos Humanos, motivos por las cuales esta CDH Morelos, pretende caminar de la manos con estos grupos a efecto de lograr esa promoción, difusión y respeto de los mismos, así mismo, tal y como ha sido expresado por diversos estudios, México es uno de los países más peligrosos en el mundo tanto para ejercer el periodimo como el activismo en defensa de los Derechos Humanos. Por dichos motivos, la CDH Morelos busca proporcionar atención personalizada a los colaboradores de los medios de comunicación y miembros de los organismos civiles de Derechos Humanos, con la finalidad de fortalecer la creación de un frente común en la defensa de los Derechos Humanos; atendiendo puntualmente las quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas en contra de ambos grupos y procurando con ello, que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos, a efecto de que se adquiriera una mayor sensibilidad ante las actividades realizadas por los periodistas y las personas defensoras de los Derechos Humanos.

Históricamente se ha observado que una serie de estigmas y actos discriminatorios de naturaleza estructural cometidos en agravio de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales condicionan el acceso efectivo a sus derechos; por tal motivo, se realizan también actividades con el fin de procurar la promoción y difusión de los mismos apelando a la protección que encuentra garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte y otras normas secundarias en torno a la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a los servicios de salud, educación, y empleo, con el propósito de impactar en la consecución del acceso igualitario de las personas LGBTTTI+ a los derechos reconocidos formalmente para todas las personas.

 

En el ámbito internacional, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, ha establecido en criterios internacionales de Derechos Humanos que la orientación sexual y la identidad o expresión de género son motivos de discriminación prohibidos. Una de las resoluciones de mayor relevancia fue la del 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud aprobó la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, en la que se reconoció que la orientación sexual no es un trastorno.

 

Según la Asociación Mundial para la Salud Sexual, estos “son Derechos Humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales, deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos”, es decir que, los derechos sexuales, se refieren al ejercicio de la sexualidad como parte del nivel más elevado de salud a la que toda persona tiene derecho.

México es un país en el cual el tema migratorio esta intrínsecamente ligado a nuestro contexto de vida, tanto en contextos de movilidad regulares como irregulares. Los altos índices de migración irregular que se presentan en México, hacen necesaria una aproximación al tema migratorio que parta de la generación de una política pública que contemple la complejidad de la situación, la responsabilidad compartida de los países en nuestra región, pero, sobre todo, que tenga como base a los Derechos Humanos y el concepto de seguridad humana.

 

En este contexto, la seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas. Utilizando procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad, en caso concreto, el pleno respeto en el ejercicio de sus Derechos Humanos.

Así, el objeto de la CDH Morelos es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los grupos de atención prioritaria o vulnerabilidad, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, mediante:

 

  • Reconocer el respeto irrestricto a los Derechos Humanos consagrados en nuestra Constitución, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;
  • Reafirmar la universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación;
  • Consolidar, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona;
  • Crear condiciones con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, a efecto de poder realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, Facilitando la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra estos grupos de atención prioritaria y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus Derechos Humanos y libertades fundamentales, reafirmando así, el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional para promover los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de estos grupos;
  • Resaltar que los grupos de atención prioritaria, aquí mencionados, tienen los mismos Derechos Humanos y libertades fundamentales que otras personas y, que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundada en su condición física o social, edad, sexo, género, estado civil u origen étnico entre otros, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano, abordando los asuntos desde una perspectiva de Derechos Humanos, que reconozca las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona en sí misma, al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza, creando políticas públicas de inclusión, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica, y;
  • Adoptar medidas integrales que contribuyan significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas sin distinción de condición física o social, edad, sexo, género, estado civil u origen étnico entre otros, en todos los ámbitos.

 

De esta forma, con la atención y vigilancia a los Derechos Humanos en apego a nuestra Constitución federal y estatal, así como en los Tratados Internacionales en la materia; y haciendo uso de sus facultades establecidas en el 105 fracción II de la Carta Magna, relativas a la formulación y promoción de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la SCJN, así como de distintos mecanismos tales como el “amicus curiae”, esta CDH Morelos, refrenda día a día el compromiso con la ciudadanía de ser el Organismo Protector de los Derechos Humanos, que contribuye a la construcción de una efectiva cultura de respeto a los Derechos Humanos, en la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, humanista y democrático.